El Gobierno porteño implementa un plan de control de accesos, desalojos y fiscalización para detener el crecimiento irregular de la villa frente a Retiro, donde viven unas 45.000 personas en condiciones precarias.
El plan de ordenamiento de la Villa 31, coordinado por la Jefatura de Gabinete y varios ministerios, busca fortalecer la seguridad y regularizar el espacio urbano. Entre las medidas, se incluyen peatonalización de calles, retenes policiales permanentes y controles rotativos en accesos estratégicos.
Durante esta etapa, se realizaron operativos especiales para desalojar construcciones y comercios ilegales, despejar veredas y clausurar corralones de materiales que fomentaban la expansión descontrolada. Además, se intervino en calles donde se vendían productos robados o se ofrecían servicios ilegales, buscando reducir riesgos estructurales y de seguridad.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que “no hay zonas liberadas” y que se aplicará la ley en todos los metros cuadrados de la villa, mientras continúa el proceso de integración urbana y control territorial en la zona.
