La Cámara Baja aprobó un emplazamiento para que el 4 de noviembre se firmen los dictámenes del Presupuesto 2026, con el objetivo de votar la iniciativa quince días después de las elecciones del 26 de octubre.

La iniciativa estuvo a cargo del diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien presentó un cronograma de seis reuniones informativas que se desarrollarán desde el próximo martes. En ellas expondrán funcionarios del Ministerio de Economía, gobernadores y rectores universitarios.

El primer encuentro se realizará el martes a las 15 horas, con la participación de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, quienes completarán el informe iniciado la semana pasada.

Según el calendario aprobado, las reuniones continuarán los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre, y el dictamen se firmará el martes 4 de noviembre al mediodía.

Massot explicó que el objetivo del emplazamiento es “evitar lo que nos pasó el año pasado”, cuando el oficialismo “cerró el debate un día antes de que venciera el plazo para dictaminar” y debió prorrogarse nuevamente el Presupuesto 2023.

En la próxima reunión, la Comisión de Presupuesto y Hacienda también elegirá al libertario Bernie Benegas Lynch como nuevo integrante, en reemplazo de José Luis Espert.

Massot propuso que las autoridades del cuerpo comiencen a definir el listado de expositores, con la presencia de “funcionarios, gobernadores y rectores de universidades”.

El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación del 10,1%, y un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Además, proyecta aumentos del 10,6% en exportaciones y del 11% en importaciones.

También contempla un incremento del 5% en las partidas para jubilaciones, del 17% en salud y del 5% en pensiones, junto con una ampliación a 4,8 billones de pesos de los fondos destinados a universidades.

En comparación, el proyecto presentado en 2024 preveía 3,6 billones de pesos para el sistema universitario, mientras que las casas de altos estudios reclamaban 7,2 billones, cifra que volvió a generar diferencias entre oficialismo y oposición.