La Justicia aceptó un planteo del gremio y suspendió provisoriamente los efectos del decreto presidencial.

La jueza Martina Forns ordenó suspender por seis meses cualquier medida derivada del decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión se tomó tras una medida cautelar presentada por el sindicato Sevina, y prohíbe al Ejecutivo avanzar con traslados, cesantías, reubicaciones o supresiones de estructuras del organismo.

Forns sostuvo que el decreto podría generar perjuicios irreparables y violar convenios internacionales de la OIT con jerarquía constitucional, que impiden al Estado modificar unilateralmente condiciones laborales pactadas colectivamente. No se resolvió aún el pedido de nulidad del decreto, que quedará pendiente de un análisis más profundo.